LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS ALCALDES

Javier García Fernández, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, ha resumido en siete conclusiones los argumentos y procedimientos para llevar a cabo la elección directa de los Alcaldes en España.

Primera. La Constitución, en su artículo 140, contempla la elección directa del Alcalde por los vecinos, correspondiendo al legislador ordinario establecer el sistema electoral sin más condicionantes que el sufragio sea universal, igual, libre, directo y secreto.

Segunda. El cambio de legitimidad democrática del Alcalde requiere modular su posición en el seno del Ayuntamiento de manera que se deslinden dos bloques funcionales, uno de control y de impulso político y el segundo de gobierno, ejecución y gestión.

Tercera. El bloque funcional de control e impulso políticos ha de residenciarse en el Pleno, en tanto que el de gobierno, ejecución y gestión debe recaer en el continuum Alcalde/Comisión de Gobierno. Dentro de este continuum, sin embargo, debe corresponder al Alcalde la posición predominante de designar libremente a la Comisión y de asignarle normativamente sus atribuciones.

Cuarta. Para organizar esta nueva estructura municipal es necesario reformar el sistema electoral. Entre las diversas opciones que se plantean se puede defender el siguiente modelo:

1.  elección a dos vueltas;


2.  a la segunda vuelta sólo concurrirían los dos candidatos más votados y se celebraría una semana después de la primera;


3.  la votación para el Alcalde sería independiente de la de los Concejales y podría estar apoyado por todos los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que lo desearan;


4.  para no «quemar» candidatos, el candidato a Alcalde podría encabezar también la candidatura de Concejales.

Quinta. Para reforzar la gobernabilidad del Ayuntamiento, la candidatura de Concejales más votada debería obtener el 60% de los puestos de Concejal. Como la Constitución no establece condicionantes en el sistema electoral municipal pero acentúa la función de gobierno de los Ayuntamientos, puede defenderse la constitucionalidad de esta fórmula, que no discrimina de entrada a ninguna candidatura.

Sexta. Por coherencia con la filosofía política ínsita en la elección directa del Alcalde, el Pleno no debe desposeer de su cargo al titular de un órgano que el Pleno no ha elegido. Pero es posible establecer mociones de reprobación a la Comisión de Gobierno con efectos políticos declarativos.

Séptima. Todos los cambios propugnados precisan exclusivamente la reforma de la LOREG y de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Puedes leer el trabajo completo en: http://t.co/AtzNUimcRO

Aviso para el PP de Andalucía

Analiza el diario El País la crisis del bipartito PSOE-IU en Andalucía en su editorial del día 17 de abril y les recomienda a ambos partidos que mantengan su pacto hasta las elecciones municipales de mayo de 2015. Este editorial es un ejemplo de razonamiento estratégico y táctico al servicio de la izquierda, aunque trata de esconder su partidismo ponderando la estabilidad política como valor supremo.

 

Su lectura debería ser un aviso para que el PP andaluz prepare a fondo las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, sin dejarse confundir por cantos de sirena que propagan elecciones autonómicas anticipadas.

 

Evitar la inestabilidad

Una semana después de que el Gobierno de coalición entre PSOE y IU en Andalucía estuviera al borde de la ruptura y cuando todavía las heridas no están del todo cerradas, conviene que ambas partes se sienten a evaluar los daños y extraer las lecciones que el episodio encierra. El pacto alcanzado el sábado por el que se restituían las competencias que la presidenta Susana Díaz había retirado a la consejera de Fomento, de IU, ha salvado la coalición.

Pero lo ocurrido muestra la fragilidad de un Gobierno que no parece consciente de la gran responsabilidad que tiene: demostrar que las fuerzas de izquierda pueden entenderse y aplicar políticas sociales alternativas a las del PP. En un país con escasa tradición de Gobiernos de coalición y donde a menudo la necesidad de pactar se interpreta como un signo de debilidad, es importante que la experiencia emprendida en Andalucía culmine los dos años que quedan de legislatura.

Cuanto más tiempo pasa más claro parece que el incidente podría haberse evitado si se hubiera actuado con menos prisas, menos improvisación y más coordinación interna en un problema, el del desalojo de la corrala La Utopía, que llevaba dos años de evolución. Al final se ha visto que no todas las familias desalojadas de la corrala tenían un riesgo tan grave de exclusión como para pasar por delante de las más de 600 que están en lista de espera y que también necesitan una vivienda. El problema ha quedado limitado a encontrar alojamiento para ocho familias, algo que hubiera podido hacerse sin tanto coste político. Está claro que en el encontronazo se dirimían otras diferencias políticas, pero ninguna que no fuera conocida de antemano y que no pudiera gestionarse de una forma más serena y constructiva.

La suspensión del pacto de gobierno puso sobre la mesa la eventualidad de unas elecciones anticipadas, una opción que las dos partes descartan ahora aunque ambas se declaran preparadas para afrontar el envite electoral, una forma de mantener las espadas en alto. Sería un gravísimo error, cuyas consecuencias no solo repercutirían en Andalucía, sino en toda España.

Muy cerca ya de una elecciones municipales en las que es previsible que se tengan que alcanzar pactos entre diferentes fuerzas para formar los Gobiernos, ¿qué mensaje estarían dando PSOE e IU si ahora decidieran dar por finalizado el pacto a mitad de legislatura? Aparte de ofrecerle al PP la excelente baza de que la izquierda es incapaz de entenderse y gobernar, es probable que el electorado tampoco se mostrara entusiasta con quienes no han sido capaces de salvar un Gobierno de izquierda.

El PSOE podría tener la tentación de aventurarse a unas elecciones anticipadas en busca de una mayoría más amplia. Sería una apuesta muy arriesgada: a veces, en lugar de ganar fuerza, se pierde, como le ocurrió a CiU en las últimas autonómicas catalanas. Pero no son cálculos partidistas lo que debe primar. Lo más importante es que ni Andalucía ni España, que luchan por salir de una crisis devastadora, se pueden permitir episodios de inestabilidad política.

José Barros y Enrique Cocero desarrollan argumentos tácticos sobre los votos y escaños que se disputan el PSOE e IU en Andalucía. Su artículo  se titula "Razones por las que a Susana Díaz no le conviene convocar elecciones anticipadas" y puedes leerlo pulsando aquí.