Ignorancia histórica

Jose Antonio Perez Guzman me envía el siguiente análisis:

En el año 2007, en medio de una notable controversia, fue aprobada la Ley de Memoria Histórica. De acuerdo con esta norma, el estado "ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes". Igualmente, la ley establece que "los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos..."

A cuenta de estas disposiciones, se ha gastado escandalosamente el dinero del contribuyente en episodios como el intento, en contra de la opinión de la familia, de dar con la fosa en la que se encontrarían los restos de Federico García Lorca. Tras recibir la colaboración de personajes emblemáticos como el juez Garzón o Ian Gibson, el dinero de los ciudadanos sólo sirvió para descubrir que la fosa estaba vacía. De manera semejante, el Ministerio de Defensa se va a gastar más de un millón de euros para renovar las vidrieras de las cinco academias militares que conservan el águila de San Juan. Se producirá así la liquidación de extraordinarias obras de arte simplemente porque los partidarios de la mal llamada Memoria histórica suman al sectarismo político la ignorancia cultural.

Esa escandalosa ignorancia quedó también de manifiesto cuando el diputado comunista (ICV) Joan Herrera pidió al Gobierno que cambiara el nombre de la Base Alfonso XIII porque suponía "una exaltación franquista". Herrera ignoraba, al parecer, que el abuelo de Don Juan Carlos reinó antes del inicio de la guerra civil. Otra clamorosa muestra de ignorancia fue la que se produjo en Alcalá de Henares cuando quisieron quitarle el nombre del teniente Ruiz a una calle, sin saber que se trataba, junto a los capitanes Daoiz y Velarde, de uno de los héroes del 2 de mayo. No menor demostración de ignorancia fue la que tuvo como escenario Sevilla donde se quitó el nombre de General Merry a una calle, sin percatarse de que el militar en cuestión era un héroe de la Guerra de Cuba. En este caso, la calle pasó a denominarse Pilar Bardem.

Un dislate cultural semejante se produjo el pasado 25 de marzo cuando el Ayuntamiento de Cáceres, regido por la socialista Carmen Heras, sustituyó con gran aparato publicitario el escudo de un monolito que homenajeaba a los conquistadores. La razón era que se trataba de un símbolo "franquista" cuando en realidad era el escudo de los Reyes Católicos. También en Alicante se han dado muestras de la misma ignorancia pretendiendo eliminar la calle Luceros porque, supuestamente, "hace honor a una estrofa del Cara al Sol". Igualmente, en Alicante quieren borrar del mapa las calles de Alemania, Italia y Portugal porque fueron "países fascistas que ayudaron a Franco".

De manera similar, en Alicante también desean quitar del callejero la calle del General Primo de Rivera, que nada tuvo que ver con el franquismo puesto que murió en 1930. De forma no menos ridícula, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó que el "Todo por la Patria" fuera sustituido por "Todo por la Democracia". En los últimos días, el gobierno de ZP ha iniciado un subrepticio desmantelamiento del Valle de los Caídos comenzando con la escultura de la Piedad.

Entre los disparates legislativos de la era ZP pocos resultan más clamorosos que el de la mal llamada Memoria Histórica. Lejos de intentar recuperar la memoria colectiva, la ley ha pretendido exactamente lo contrario, es decir, borrar una parte de la Historia reciente de España y substituirla con mitos absurdos e injustos, todo ello –eso sí– costeado con dinero de los contribuyentes. Así, en estos años hemos visto como se perdía el dinero en buscar inútilmente el cadáver de Lorca mientras se negaba para exhumar los restos de unos 35 asesinados por el Frente Popular y arrojados al Pozo Camuñas o los de una fosa común cercana a Madrid en la que posiblemente se hallen los restos de Andreu Nin y otros izquierdistas torturados y muertos por los agentes de Stalin en España.