Decía el diputado D. José Ortega y Gasset, en el debate sobre el Estatuto de Cataluña que celebraron las Cortes Constituyentes el día 13 de mayo de 1932, lo siguiente:
Tengo que negarme rotundamente a seguir sin hacer antes una protesta de que se presente en esta forma radical el problema catalán a nuestra Cataluña y a nuestra España, porque estoy convencido de que es ello, por unos y por otros, una ejemplar inconsciencia. ¿Qué es eso de proponernos conminativamente que resolvamos de una vez para siempre y de raíz un problema, sin parar en las mientes de si ese problema, él por sí mismo, es soluble, soluble en esa forma radical y fulminante? ¿Qué diríamos de quien nos obligase sin remisión a resolver de golpe el problema de la cuadratura del círculo? Sencillamente diríamos que, con otras palabras, nos había invitado al suicidio.
Yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los demás españoles.
Pues bien; en el pueblo particularista, como veis, se dan, perpetuamente en disociación, estas dos tendencias: una, sentimental, que le impulsa a vivir aparte; otra, en parte también sentimental, pero, sobre todo, de razón, de hábito, que le fuerza a convivir con los otros en unidad nacional. De aquí que, según los tiempos, predomine la una o la otra tendencia y que vengan etapas en las cuales, a veces durante generaciones, parece que ese impulso de secesión se ha evaporado y el pueblo éste se muestra unido, como el que más, dentro de la gran Nación. Pero no; aquel instinto de apartarse continúa somormujo, soterráneo, y más tarde, cuando menos se espera, como el Guadiana, vuelve a presentarse su afán de exclusión y de huida.
Yo recuerdo que una de las pocas veces que en mis discursos anteriores aludí al tema catalán fue para decir a los representantes de esta región: «No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Presentadlo, planteadlo en términos de autonomía». Y conste que autonomía significa, en la terminología juridicopolítica, la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía. Y en ese plano, reducido así el problema, podemos entendernos muy bien, y entendernos –me importa subrayar esto- progresivamente, porque esto es lo que más conviene hallar: una solución relativa y además progresiva.
Decía el presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey, en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 8 de abril de 2014, lo siguiente:
Señorías, la soberanía española corresponde a todos los españoles, a todos. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. No existen, ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta Constitución. Y esto importa mucho, señores portavoces, porque no estamos hablando solamente de Cataluña. Hablamos de España entera, de los intereses de España, del futuro de España y de quién está facultado para tomar las decisiones que afectan a toda España; de eso hablamos.
Ni este Gobierno que yo presido, ni las Cortes Generales, ni el Parlament de Cataluña, nadie, puede legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre el futuro colectivo. En resumen, éstas son las razones por las que pienso que no se puede atender la solicitud que ustedes plantean. Ni la competencia que demandan es transferible, ni el propósito para el que la solicitan es conforme a la Ley. Cualquiera de ambas cosas, a mi entender, choca abiertamente contra la Constitución.
Los habitantes de cada Comunidad tienen derecho a escoger quien gobierna su autonomía, pero no tienen derecho a decidir qué hemos de hacer con España. Cada catalán, como cada gallego o cada andaluz, es copropietario de toda España, que es un bien indiviso. Y ningún español es propietario de la provincia que ocupa, como ningún vecino es propietario de las calles por las que transita. La autonomía no supone transferencia de la soberanía, no otorga la propiedad del territorio, sino la responsabilidad de gobernarlo con arreglo a la Ley.
Más de ochenta años separan el análisis y las propuestas de Rajoy de las que formuló Ortega y Gasset. Ambos coinciden en lo esencial: el problema del encaje de Cataluña en España es y será un conflicto permanente con el que habrá que lidiar bajo el principio de la autonomía política.
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